El gobierno de Milei no improvisa cuando recorta derechos a las personas con discapacidad. Ejecuta una cosmovisión. Entenderla es el primer paso para combatirla.

Por Lic. Gustavo R. Fernández  |  Licenciado en Ciencias de la Comunicación · Padre de una Persona con Discapacidad

Hay una pregunta que los padres de personas con discapacidad nos hacemos en silencio, casi siempre de noche. No la decimos en voz alta porque nombrarla da miedo. La pregunta es esta: ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? No es una pregunta abstracta. Es la pregunta más concreta del mundo. Y depende, casi enteramente, de que exista un Estado que haya decidido que esa vida importa.

Yo soy comunicador. Llevo años trabajando con lenguajes, con narrativas, con la capacidad que tienen las palabras de construir o destruir realidades. Por eso, cuando escucho al Gobierno de Javier Milei hablar de «fraude en las pensiones por discapacidad», de «crecimiento exponencial sospechoso», de «auditorías necesarias», no escucho tecnocracia. Escucho una filosofía. Escucho una cosmovisión que tiene nombre, que tiene autores, que tiene una lógica interna precisa. Y esa lógica, llevada a sus consecuencias, lleva a un lugar que como padre me resulta insoportable.

El Gobierno no improvisa. Ejecuta. Y lo que ejecuta tiene una genealogía intelectual que la sociedad argentina tiene derecho a conocer.

La genealogía del desamparo

El presidente Milei se proclama seguidor del anarcocapitalismo, la corriente fundada por el economista norteamericano Murray Rothbard. No es un detalle menor. Rothbard sostuvo, en su obra central La ética de la libertad, que los derechos nacen de la autopropiedad y la capacidad racional de producir. Una persona que no puede trabajar de manera autónoma —en su propia terminología— no genera los mismos derechos que quien sí puede. Más aún: escribió que los padres no tienen obligación legal de mantener vivos a sus hijos con discapacidades severas si no encuentran a alguien en el mercado voluntario que los adopte.

Sus discípulos no se quedaron atrás. Hans-Hermann Hoppe, el sucesor más influyente de Rothbard, teorizó comunidades de «orden natural» donde quienes no respetan las normas de productividad pueden ser físicamente removidos. Walter Block, otro heredero directo, describió a los receptores de ayudas estatales como «parásitos del sector productivo». El canadiense Stefan Molyneux, el divulgador masivo de estas ideas antes de que las principales redes sociales bajen sus cuentas, sostuvo públicamente que el apoyo estatal a personas con discapacidad promueve “la pobreza genética».

No estoy haciendo un ejercicio académico. Estoy describiendo la arquitectura ideológica del gobierno que hoy diseña las políticas que afectan a mi hijo.

Rothbard sostuvo que los padres no tienen obligación legal de mantener vivos a sus hijos con discapacidades severas. Eso no es una nota al pie. Es el fundamento filosófico de una forma de gobernar.

Los hechos, no las interpretaciones

Desde diciembre de 2025, el gobierno de Milei disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) —paradójicamente, en medio de un escándalo de supuesta corrupción protagonizado por sus propios funcionarios nombrados—, vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó con mayoría calificada, incumplió reiteradamente órdenes judiciales que le exigían reglamentarla, y envió al Senado un proyecto denominado —con cinismo notable— «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez».

El argumento oficial tiene un único problema: los propios números del Gobierno lo desmienten. Sobre 1.200.000 pensiones auditadas, se detectaron irregularidades en 80.000. Eso es menos del 7%. El 93% fue correctamente otorgado. Uno no cierra un hospital porque hay casos de mala praxis. Uno los investiga. Y si la conversación es sobre fraude real en el sistema de discapacidad, conviene recordar que los investigados judicialmente son los propios funcionarios del Ejecutivo, no los beneficiarios.

El proyecto que hoy avanza en el Senado, además, establece que una persona con discapacidad que consiga un empleo formal pierde su pensión y su cobertura médica. El Gobierno que dice querer incluir laboralmente a las personas con discapacidad les pone una trampa en el camino: si te atrevés a trabajar, te castigamos. Eso no es liberalismo. Es crueldad con diseño técnico.

El 93% de las pensiones fue correctamente otorgado. Lo dijo el propio Gobierno. Uno no derriba un edificio porque el 7% de sus ladrillos tiene fisuras.

Argentina no está sola, pero sí está más lejos

Podría pensarse que estamos ante un fenómeno local, producto de nuestra particular historia de ajustes. No es así. En el Reino Unido, el gobierno laborista de Keir Starmer intentó recortes al sistema de discapacidad que habrían afectado a 800.000 personas. Más de 100 de sus propios legisladores se rebelaron y forzaron una marcha atrás. En Estados Unidos, la administración actual diseñó los cortes más grandes de la historia al sistema de discapacidad —hasta un 20% de reducción de elegibilidad—, y debió retroceder ante 165 legisladores demócratas y el movimiento organizado de personas con discapacidad.

El antecedente más dramático lo ofrece la historia: Ronald Reagan eliminó beneficios para cientos de miles de personas con discapacidad entre 1981 y 1984. Un análisis posterior determinó que al menos 21.000 de los removidos del sistema habían muerto antes de 1987, incluyendo casos de suicidio tras recibir notificaciones de baja. El propio Congreso republicano lo obligó a revertir las políticas. El propio Partido Republicano.

Lo que distingue al gobierno de Milei no es que intente algo nuevo. Es que no acepta que nadie lo frene. Veta leyes aprobadas por mayoría calificada. Apela órdenes judiciales. Diseña nuevos proyectos para neutralizar legislativamente los fallos que lo condenan. En ninguno de los países estudiados un gobierno democrático sostuvo este nivel de confrontación con los tres poderes del Estado a la vez.

Reagan lo intentó. Lo frenó el Congreso republicano. Starmer lo propuso. Lo frenó su propio partido. Lo que diferencia a Milei es que no acepta que nadie lo detenga.

Lo que no tiene precio de mercado

La filosofía anarcocapitalista propone que la atención a personas con discapacidad sea provista por la caridad privada y la familia. Es una idea que ya fue probada. Se llamó el siglo XIX. Las personas con discapacidad morían en la indigencia o en asilos de miseria. Nadie quiere volver ahí —excepto quienes no conocen esa historia, o quienes calculan que ese pasado no los afectará a ellos.

Hay cosas que el mercado no puede poner en precio porque el mercado no reconoce la dignidad como variable. Una persona sorda que llega a un hospital y necesita que alguien la entienda. Un adolescente con discapacidad intelectual que quiere trabajar y necesitar apoyos para hacerlo. Una familia que se pregunta qué va a pasar con su hijo cuando ella ya no esté. Estas realidades no generan rentabilidad. Por eso precisamente existen los derechos, las constituciones y los tratados internacionales: para proteger lo que el mercado abandonaría.

Argentina ratificó en 2008 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2014, el Congreso le dio rango constitucional mediante la Ley 27.044. Eso significa que los derechos de las personas con discapacidad están en la cima de la jerarquía normativa argentina. Por encima de cualquier decreto. Por encima de cualquier proyecto de ley. Por encima de cualquier argumento presupuestario.

El gobierno de Milei no puede abolir esos derechos. Lo que puede hacer —y lo está haciendo— es tornarlo inaplicables por diseño. Crear la burocracia suficiente para que quien no pueda navegar un trámite en 90 días sea suspendido automáticamente. Desregular los aranceles para que las obras sociales paguen lo que quieran a los prestadores, y los prestadores cierren. Eliminar el nomenclador nacional que garantizaba pisos mínimos de cobertura. No es abolición: es asfixia silenciosa.

La guerra de la pobreza es silenciosa. Mata gente, enferma gente. Y este gobierno decidió no verla.

Lo que podemos hacer

Escribo esto como comunicador, porque creo que nombrar las cosas con precisión es el primer acto político. Mientras el gobierno habla de «fraude» y «transparencia», nosotros debemos hablar de lo que está realmente en juego: una filosofía que reduce la dignidad humana a su utilidad económica, aplicada sistemáticamente sobre el colectivo más vulnerable.

Escribo esto como padre, porque conozco la pregunta nocturna que no nos animamos a hacer en voz alta. Y porque la respuesta a esa pregunta depende de que ciudadanos que quizás no tengan un hijo con discapacidad entiendan por qué esto los afecta a ellos también. Hoy son las pensiones por discapacidad. Mañana son las jubilaciones. Pasado mañana son los hospitales públicos. La lógica que dice que el Estado no tiene obligación de sostener a quien no produce no se detiene sola.

El proyecto «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez» está en el Senado. Puede ser frenado. En otros países, con menos argumentos que los que tenemos nosotros, fue frenado. Lo que se necesita es que los legisladores que aún tienen dudas sepan que la sociedad está mirando cómo votan.

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad —que desde 1997 nuclea a más de 400 organizaciones— marcha, denuncia y convoca. El padre Pablo Molero, su coordinador, lo dijo con claridad hace unos días: «No podemos no oponernos a algo que creemos que es un retroceso.» Yo tampoco puedo.

Una sociedad se mide por cómo trata a sus más vulnerables. No por cómo crece su PBI mientras los abandona.

Fuentes: Foro Permanente de Discapacidad (foropermanentediscapacidad.org.ar); ACIJ; datos oficiales ANDIS/Ministerio de Salud; Rothbard, La ética de la libertad (1982); Hoppe, Democracia: el dios que fracasó (2001); CBPP (EE.UU.); NSUN y Scope UK; Partido dos Trabalhadores (Brasil); fallos de Cámaras Federales Argentinas 2024–2026.